El abogado Braulio Sanhueza ha adquirido un rol protagónico en una de las querellas más resonantes en la región de Los Lagos, que involucra a altos funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt en presuntos desvíos de fondos públicos. Según las acusaciones, millonarios recursos que debían estar destinados a la educación pública, provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y programas de la Junji, habrían sido malversados para financiar campañas políticas y cubrir cuentas personales de ciertos individuos relacionados con la administración municipal.
La acción legal, presentada originalmente por gremios y concejales, fue ampliada por Braulio Sanhueza el pasado 9 de septiembre, cuando se sumaron nuevos antecedentes que complican la situación de los implicados. Entre los principales señalados por la querella se encuentran el exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, y el entonces director del Daem, Albán Mancilla, ambos acusados de desviar fondos públicos para fines personales y políticos. El modus operandi descrito en la querella señala que estos fondos habrían sido utilizados para contratar «funcionarios fantasmas» que en realidad no realizaban labores educativas, sino que estaban involucrados en las campañas electorales de los acusados.
Braulio Sanhueza, en su rol de abogado patrocinante, ha destacado la magnitud del daño causado por estos actos de corrupción, señalando que no solo afectaron gravemente a la educación pública de la comuna, sino que también socavaron la confianza de la ciudadanía en las instituciones. «Este mecanismo de desvío de fondos afecta directamente el bienestar de los estudiantes, y es un acto de corrupción que no puede quedar impune», comentó Sanhueza en una entrevista reciente. Según los concejales querellantes, parte de los recursos desviados fueron destinados a la campaña de Paredes en su intento por retomar la alcaldía en las elecciones de 2024, mientras que otros se destinaron a gastos personales.
Una auditoría realizada entre los años 2016 y 2022 reveló que el Daem de Puerto Montt no justificó más de 864 millones de pesos correspondientes a fondos SEP y de otros programas educacionales, lo que desencadenó la investigación actual. En la querella presentada por Sanhueza, también se detalla que los fondos desviados habrían sido utilizados para pagar remuneraciones a estos «funcionarios fantasmas», lo cual no solo afecta la educación, sino que también constituye un evidente perjuicio para las arcas municipales.
Además del daño financiero, Sanhueza ha subrayado el impacto social que estos hechos han tenido sobre la comunidad educativa de Puerto Montt. «El desvío de recursos públicos ha afectado directamente la calidad de la educación que reciben los niños y niñas de la comuna. Mientras estos fondos se destinaban a campañas políticas y cuentas personales, la educación pública sufría un deterioro grave», explicó Sanhueza en su intervención ante los medios de comunicación locales.
La querella también detalla cómo algunos programas, que debían ejecutarse en beneficio de la educación preescolar y escolar, simplemente no se llevaron a cabo. En su lugar, los fondos habrían sido utilizados para fines ajenos a la educación, dejando sin recursos a varias iniciativas que podrían haber mejorado significativamente las condiciones de las escuelas y jardines infantiles de Puerto Montt.
Sanhueza, además, ha solicitado que la investigación se extienda a otros periodos y programas, con el fin de aclarar por completo el destino de los fondos públicos asignados a la educación en la comuna. «No se trata solo de una cuestión administrativa. Este es un caso de corrupción que ha afectado no solo las finanzas municipales, sino también a los estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general», afirmó el abogado, quien ha sido tajante en la necesidad de que los responsables sean llevados ante la justicia.
Finalmente, el abogado Braulio Sanhueza ha señalado que, además de las responsabilidades penales, también se está evaluando la posibilidad de presentar demandas civiles para recuperar los fondos desviados. Esta acción es clave para garantizar que los recursos vuelvan a su propósito original: mejorar la calidad de la educación en Puerto Montt y garantizar un futuro mejor para los estudiantes de la comuna.
La intervención de Sanhueza en esta querella ha puesto de manifiesto su compromiso con la justicia y la defensa de los intereses públicos, especialmente en un caso tan sensible como es el de la educación. La comunidad espera que su participación ayude a esclarecer los hechos y a que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables y evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.